martes, 20 de octubre de 2009

Defraudados exigen que el gobierno actúe contra hermanos Tiro Moranchel

2009-10-20
Kara Castillo / Patricia Olivares
Más de 500 defraudados del Grupo Sitma e Invergroup, realizaron un plantón frente a Casa Aguayo, para demandar a las autoridades estatales liberen de manera inmediata las órdenes de aprehensión en contra de los dueños de las inmobiliarias.
Durante la marcha que provocó un caos vehicular, partió desde la avenida Juárez y camino sobre la avenida 11 sur, pasó por Reforma para llegar a la avenida Juan de Palafox y desembocar en el bulevar 5 de mayo y llegar a Casa Aguayo.
Los afectados expresaron que Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel tiene la obligación de devolver el capital que las personas de buena fe depositaron en sus empresas.
Luego de una marcha por la ciudad, defraudados por los grupos financieros Sitma e Invergruop se reunieron con el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Montero, para exigir solución a sus demandas. Agustín Torres, miembro de la comisión negociadora, aseguró al término de la reunión que los puntos solicitados por el grupo de defraudados fueron aceptados por el secretario, como la exhibición de la protocolización del acta constitutiva de las empresas inmobiliarias y financieras a fin de conocer los nombres de las personas físicas que componen el consejo directivo para poder señalarlas en las denuncias correspondientes. “En unos días más nos darán nombres y apellidos”, señalaron.
Gobernación también accedió a hacer públicos los avances de la averiguación previa, sea proporciona por conducto del procurador de Justicia, Rodolfo IgorArchundia, y la designación de un fiscal especial sobre este delito para agilizar los trámites correspondientes
“Queremos que se investigue y se nos informe sobre la situación que guardan los depósitos en cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de los indiciados, familiares o prestanombres, ya sea en el estado de Puebla, interior de la república o fuera del país” indicaron.
Esto luego de que el procurador de Justicia en el estado asegura que continúan las investigaciones para dar con el paradero de Leonardo Tiro Moranchel, dueño de la empresa Sitma, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero.
Agustín Torres mostró documentos que señalan que fue en 2007 cuando fueron acusados Luis Miguel Patricio Viñeda y Reyes, actual funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, y José Deloya Vera, dueños de un despacho que defraudó a los usuarios de una caja popular, y a dos años y medio, el Ministerio Público no ha tenido pruebas “contundentes” para consignar la averiguación previa.
En la reunión de personas defraudadas de Invergruop, éstas fueron animadas a presentar las denuncias en la Procuraduría del Ciudadano. Martín Fuentes, el titular de esta dependencia, fue una vez más, presentado ante las decenas de personas como el personaje para recibir las peticiones.
“Me duele decirlo, el mismo gobierno encubre a los delincuentes ricos. Ellos le dieron la oportunidad de irse, yo ayudé a reunir 80 denuncias contra el grupo Sitma, ésa era la condición que nos pedían las autoridades para actuar en contra de Tiro Moranchel, pues antes decían que no había elementos. Gasté una fortuna en celular y fue en vano. Él se fue con ayuda de los funcionarios”, acusó la señora Hernández, en medio de llanto.
Fabián Vivanco, uno de los afectados, comentó estar preocupado no sólo por el fraude de la financiera, sino porque les quieren tirar sus casas para desarrollar una carretera y centros comerciales.
Comentó que en su caso personal invirtió 50 mil pesos en Invergroup, que representa su liquidación de la empresa para la que trabajó por años, dinero con el que esperaba vivir dignamente, pero ahora su situación es crítica porque no tiene trabajo.
Refirieron que las autoridades estatales tienen que sensibilizarse ante las protestas de las personas, por lo que no pueden cerrar los ojos ante este problema social, ya que aún cuando no esté tipificado como delito grave, los afectados están dispuestos a tomar las acciones de justicia en sus manos si las autoridades no los apoyan para resolver este problema.

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